Cannabis: Miradas feministas, legales y antropológicas de una deuda con la sociedad fue el título de la charla que se realizó el 3 de marzo en el Museo de Antropología de la UNC . La actividad estuvo organizada por el colectivo Feministas Cannábicas de Córdoba (FCC), a partir de la consigna “Las feministas cannábicas de Córdoba existimos y resistimos”.
Con el objetivo principal de compartir colectivamente saberes y experiencias para garantizar el acceso a la información en un contexto de persecución policial y penal a usuarios y cultivadores, el evento contó con exposiciones de la abogada penalista Nadia Posiadlo y la antropóloga María Cecilia Díaz.
Durante la apertura, a cargo de integrantes de FCC, se recordó la historia de la agrupación, surgida en 2018 al calor de “la marea verde”, de movilizaciones en favor de la interrupción voluntaria del embarazo. El relato estuvo acompañado por la proyección de imágenes de folletos, banderas, carteles y manifestaciones callejeras que mostraron a los presentes momentos cruciales de las actividades realizadas, inscribiendo la jornada en una construcción colectiva y permanente. Desde esa trayectoria, la agrupación constituye una apuesta política ante el reconocimiento de que la cuestión de género, lejos de ser una variable más de análisis, vertebra procesos sociales y culturales vinculados al cultivo de cannabis, y de modo más general, a la producción, circulación y consumo de otras sustancias actualmente prohibidas.
Políticas prohibicionistas
En su presentación, Nadia Posiadlo realizó una historización de las políticas prohibicionistas que, al penalizar las conductas relativas al consumo de drogas, sirvieron a la reproducción de perspectivas estigmatizantes sobre distintos grupos sociales. En esa línea, describió en detalle la actual ley de estupefacientes (ley 23.737) que penaliza la tenencia para consumo personal, la tenencia simple y para comercialización, y sus ramificaciones en el accionar de la justicia y las fuerzas de seguridad. También se explayó sobre los fallos de la Corte Suprema -Bazterrica (1989) y Arriola (2009)- que colocan al consumo en las libertades garantizadas por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Luego de explicar que las decisiones judiciales se aplican caso por caso y no implican de ninguna manera que cultivar y usar cannabis sea legal en la actualidad, describió el panorama represivo en Córdoba, marcado por la desfederalización aprobada en 2012, que brinda competencias a la provincia en materia de pequeñas cantidades de estupefacientes.
Además de narrar ese proceso histórico, Nadia afirmó cómo, en la práctica, el prohibicionismo se corresponde con la selectividad y discrecionalidad del sistema penal. Esto ocurre porque la justicia se encuentra atravesada por variables como clase, raza y género, y su aplicación depende también de los funcionarios intervinientes. Sus observaciones se fundan en su experiencia como penalista y en su trabajo en la cárcel, en donde pudo constatar de primera mano las desigualdades entre varones y mujeres. Así, notó, por ejemplo, que las mujeres reciben menos cantidad de visitas y que, hasta no hace mucho tiempo, la oferta educativa se centraba en cursos asociados a tareas femeninas -costura, por ejemplo. Un dato que permite ver cómo el género atraviesa esas cuestiones es el hecho de que la mitad de las presas de Córdoba lo están por infracciones a la ley de drogas y que, en caso de pertenecer a organizaciones criminales, ocupan posiciones inferiores y rápidamente descartables. De su desempeño en el marco de organizaciones no gubernamentales como RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos, mencionó investigaciones que se constituyen en material para la incidencia política. Una de ellas, por ejemplo, estableció que la mayor parte del presupuesto destinado para “combatir el narcotráfico” durante la gestión de gobierno a cargo de la coalición Cambiemos se había destinado a la aprehensión de consumidores y pequeños vendedores.
Activistas cannábicos en Argentina
A continuación, expuso Cecilia Díaz, quien presentó observaciones derivadas de su tesis de doctorado en Antropología titulada “Cultivar la vida: una etnografía entre activistas cannábicos en Argentina”. En esa investigación trazó la formación de redes de relaciones y tradiciones de conocimiento sobre cannabis en agrupaciones que tienen entre sus objetivos la transformación de las políticas de drogas. Su trabajo de campo fue realizado a partir de circulaciones desde Córdoba y entre distintas ciudades del país en compañía de activistas, lo que le permitió abordar los sentidos que el cannabis adquiría en sus prácticas y experiencias cotidianas. El centro estuvo en la idea de «cultivo» y en lxs activistas como «expertxs» que accionaban distintos tipos de saberes sobre la planta.
Partir desde Córdoba le permitió considerar las especificidades de los marcos represivos locales, y las escenas políticas y culturales en las que se organizan los movimientos sociales. Ello, en su opinión, habilita una lectura capaz de pluralizar aquello que se entiende como “prohibicionismo” y contemplar las intersecciones con otras formaciones políticas en las que se implican los activistas.
Usos terapéuticos
La demanda de acceso a la planta de cannabis y sus derivados -extractos, aceites, cremas- para uso terapéutico, que se visibilizó ampliamente en el país desde 2015 y que condujo a la sanción de una ley de investigación científica y médica en 2017, fue contextualizada en un ciclo de protesta más amplio.
En éste, se integraron las prácticas y los saberes de movilización política desarrollados en años anteriores por organizaciones de reducción de daños, asociaciones de cultivadores de marihuana y usuarios de drogas. Su investigación reveló que las experiencias de mujeres que se presentaban como madres de niños y niñas con enfermedades de difícil tratamiento y que se volvieron protagonistas de numerosas notas periodísticas en las que narraban sus historias de vida, estuvieron antecedidas por otras experiencias menos conocidas y divulgadas de mujeres que encontraron en el cannabis una herramienta terapéutica para paliar padecimientos propios. Mencionó entonces a las activistas Brenda Chignoli -quien fuera coordinadora del Movimiento Nacional Manuel Belgrano- y Edith “la Negra” Moreno -fundadora de Cogollos- en Córdoba, y a Gilda Colman en Buenos Aires. Las tres formaron parte de redes de personas viviendo con VIH-sida y, a medida que desarrollaron conocimientos sobre cultivo y uso de cannabis, se dedicaron a acompañar y asesorar a usuarixs terapéuticxs y sus familiares. Además, se desempeñaron como oradoras en conferencias, audiencias públicas y como artífices de redes más amplias que llevaron adelante la causa política de la regulación.
Cuerpo y salud desde el placer
Las preguntas de lxs asistentes al final de las presentaciones dejaron entrever no sólo la necesidad de contar con información confiable y adaptada a las particularidades locales respecto de qué hacer ante un procedimiento policial y penal, sino de compartir experiencias, conocer más sobre las historias de las luchas políticas y encontrar un espacio de diálogo. Entre los aportes del feminismo y las feministas cannábicas para pensar tales procesos se advirtió la necesidad de observar críticamente los procesos de normalización, teniendo en cuenta la producción de renovadas normalidades y exclusiones/desviaciones; la importancia de las demandas que se expresan en favor del derecho al propio cuerpo y a elegir la propia vida, que permiten construir puentes con otrxs para pensar la acción colectiva; las representaciones sobre las mujeres y lo femenino que conducen a perpetuar y naturalizar ciertos roles vinculados a la esfera doméstica; y la invitación a pensar la vida, el cuerpo y la salud desde el placer.
Por Celicia Díaz
Doctora en Ciencias Antropológicas- CIFFyH – UNC.