Las deudas del Gobierno de Córdoba con la violencia de género

La organización Casa Comunidad – Encuentro de Organizaciones y la ONG CISCA presentaron el 28 de noviembre en el Museo de Antropologías de la UNC, un relevamiento de las políticas públicas locales para combatir la violencia de género.
En el marco de las acciones por el 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersex y no binaries, expusieron las falencias de las acciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

“El informe surge de la urgencia y la necesidad -explica Clara Dalmasso, integrante de Casa Comunidad, en conversación con La tinta-. Tiene que ver con nuestra experiencia acompañando a más de 300 personas desde el 2015. En el año 2016, se creó el Polo de la Mujer y hubo cosas interesantes que cambiaron, empujadas por la masividad y visibilidad del movimiento feminista. Pero, seis años después, tienen gusto a poco, necesitamos otras políticas”.

Construido sobre las respuestas de profesionales de instituciones del Estado, personas que han estado en situación de violencia y quienes han acompañado, el informe evalúa las acciones y recorridos que hacen quienes solicitan acompañamiento del Estado. 

Según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 23 de noviembre de 2022, ocurrió 1 femicidio cada 34 horas, 21 de estos en Córdoba. Hubo 188 intentos de femicidio, 36 intentos de femicidios vinculados y 9 transfemicidios/travesticidios. 40 habían realizado al menos una denuncia y 27 tenían medidas de protección, “lo que significa que han sido ineficientes, que el Estado no pudo darles respuesta”, expresan desde el espacio. Al menos 200 niñes perdieron a sus madres víctimas de femicidios, en muchos de los casos, en manos de sus propios padres, incluso siendo testigos de las agresiones.

La crisis económica actual y la situación post pandemia complejizó la vida de quienes atraviesan situaciones de violencia de género, sobre todo, en los sectores más empobrecidos. Miriam Elizabeth Bouta, una de las oradoras en el evento, integra la copa de leche y el comedor “De la tierra somos”, en Ampliación Nueva Ferreyra, y el Área de Integración Socio Urbana del EO. En conversación con La tinta, explica que, para sus vecinas, la intervención de las organizaciones sociales en el barrio es crucial, porque las políticas del Polo de la Mujer no están pensadas a largo plazo: “Las ayudas, en mi caso, llegaron rápido, pero fueron por poco tiempo, después vuelve a ser como antes”.

En este sentido, en el informe, se lee que las principales medidas otorgadas por las instituciones son la restricción de acercamiento, la denuncia penal, el botón antipánico, el asesoramiento y contención, y la exclusión del hogar para el agresor, todas destinadas a salir de la urgencia. Solo el 7,2% participó de algún taller psico-socio-educativo o socio-laboral. La mayoría obtuvo una atención inmediata que no se sostuvo en el tiempo y solo el 6% dijo que fue de más de 6 meses. A su vez, casi el 20% señaló que no hubo ningún tipo de acompañamiento de equipo técnico, talleres o recursos económicos.

Miriam narra que, al atravesar una situación de violencia con quien era su pareja y conviviente, obtuvo una medida de restricción, pero, cuando terminó, el agresor pudo volver a la casa. Con su hija, decidieron irse, “a mí me perjudicó mucho porque me quedé sin trabajo, vivía con una asignación y no se puede pagar ni un alquiler con eso; me fui a Casa Comunidad hasta que conseguí un alquiler con el subsidio de alquiler del Polo. No fue fácil, la plata no era suficiente, tenía que ser por dueño y sin garantías. No me alcanzó y tuve que sacar de la asignación de mi hija”. Tras dos años y sin resolver la cuestión económica, tomó la decisión de ocupar un terreno, construir poco a poco su casa resistiendo las amenazas de desalojo y acompañar a otras personas en esta situación.

El informe expone que el 60% de quienes respondieron dijo haber sufrido violencia económica, pero solo el 8,7% accedió a una ayuda o programa del Estado. Dentro de los obstáculos para “salir” de una situación de violencia, el 20% manifestó que no contar con recursos propios para mantener su casa e hijes es un factor inhibitorio. Señalan que los programas actuales, incluido el subsidio para alquiler, tienen montos ajustados en marzo de 2022 y que, si bien hubo anuncios de actualizaciones, no se efectivizaron hasta el momento. La partida presupuestaria para género del Gobierno provincial se incrementó un 34,2%, pero la inflación anual prevista es cercana al 100%. “No hay políticas habitacionales, para fortalecer las redes de apoyo y contención, espacio de atención psicológica, programas para la inserción laboral o recursos económicos”, reza el informe. 

Mercedes Civiero integra la copa de leche y comedor “Nuevas Raíces”, en Malvinas Argentinas, y el Área Textil de EO. Realiza, junto a sus vecinas, un trabajo intensivo en su territorio contra las violencias machistas porque, si bien existe un Punto Mujer, “solo te derivan al Polo de la Mujer y a otra institución”, señala. En su experiencia, la infinidad de trámites, la revictimización y la saturación de las instituciones son obstáculos a la hora de pedir ayuda.

En este sentido, el relevamiento da cuenta del tiempo de espera para la atención. Casi el 30% de les encuestades dijo haber esperado entre 3 y 8 horas, mientras que otro 30% estuvo más de 8 horas. “Es muchísimo tiempo para una mujer que va acompañada de sus hijes porque no tiene otra opción o que va mientras la pareja violenta está trabajando y sus hijes están en la escuela”, explica Clara.

Según el informe, más del 70% de las trabajadoras del Polo señaló que la atención que ofrecen es poco o medianamente adecuada, y que los canales están saturados. Asegura que son pocas profesionales para desarrollar la tarea satisfactoriamente y que los espacios y el tiempo para realizar los acompañamientos y seguimientos son escasos. A su vez, la mitad de les trabajadores del Poder Judicial, Tribunales de Familia y Centros de Acceso a la Justicia que respondieron manifiestan que la atención brindada es poco adecuada a la demanda y quienes realizan acompañamientos en el interior explican que la situación se complejiza por la centralización de las políticas y recursos.

Respecto a las condiciones laborales de les trabajadores del Polo, el 80% señaló tener contratos por tiempo indeterminado, becas o ser monotributistas, y casi el 70% expresó que la remuneración económica percibida se encuentra por debajo de la canasta básica alimentaria fijada por el INDEC. El informe explica que, a la inestabilidad laboral, se le suma el deterioro de su salud mental por la sobrecarga de intervenciones con bajas remuneraciones y sin asistencia terapéutica.

“Otro de los datos interesantes tiene que ver con las infancias. No hay estructura para atenderlas y más del 85% de las personas en situación de violencia dijo tener hijes a cargo que han atravesado directa o indirectamente la violencia”, señala Clara. Según el informe, casi el 50% de las infancias fueron víctimas directas de violencias en el hogar, “pero no hay nada para ellos, solamente exigencias para la madre mientras el padre no pasa ni la cuota: usted, mamá, debe llevarlos a la escuela, debe llevarlos al médico, debe llevarlos a que se recreen, pero todo eso sin un peso”, refiere Mercedes.

En nuestra provincia, los derechos humanos y la igualdad de género no se declaman, se practican. Y no se hace política con ello”, expresó el gobernador Juan Schiaretti en la apertura del 144° período de la Legislatura Provincial. Sin embargo, el presupuesto en materia de género, según un informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), se redujo un 3% en 2022 y el del año pasado sufrió un alto nivel de subejecución tanto en las capacitaciones de la Ley Micaela como en el Consejo Provincial de las Mujeres y en los Programas de Género.

“No queríamos llegar a otro 25N como si nada, con la emergencia en materia de género que atraviesa nuestra provincia -expresaron desde Casa Comunidad-. Los números de femicidios son historias, son vidas truncadas por una violencia estructural funcional a un sistema de expoliación, saqueo, despojo. Las cifras de femicidios son la punta de un iceberg de horror. Lo que está por debajo es la violencia sistemática, en sus diversas modalidades, que padecemos cada día las identidades feminizadas y disidentes”.

*Nota publicada de manera original en La tinta
Texto y fotos : Diana Segado para La tinta.

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