Sal y Litio: defensa ante el negocio del extractivismo en Salinas Grandes


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En esta crónica los antropólogos José María Miranda Pérez y Francisco Pazzarelli relatan la lucha y los conflictos a los que se enfrentan la comunidades de Salinas Grandes (Jujuy), en particular la Comunidad Aborigen de San Miguel de Colorados, en la defensa de sus territorios y modos de vida ante los intereses y las amenazas de desalojo que sufren por parte del gobierno de Jujuy y las empresas dedicadas al negocio del extractivismo de litio.


Etnografía de una comunidad salinera

La Comunidad Aborigen de San Miguel de Colorados se encuentra ubicada en plena puna jujeña (Departamento de Tumbaya, provincia de Jujuy), y es una de las tantas comunidades indígenas que habitan la región de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, estableciendo desde tiempos inmemoriales una delicada relación de cuidados y aprovechamiento con este complejo entorno natural.
Desde el 2017 nos encontramos como antropólogos realizando una doble tarea en el área: una investigación etnográfica[1] sobre los modos de vida locales en relación a ciertos elementos del paisaje (minerales, animales, entidades no humanas, gobierno, proyectos mineros) e involucrados en la producción conjunta de un libro que contendrá la historia social, cultural y ambiental de la comunidad. San Miguel de Colorados está formada por alrededor de 80 familias censadas; algunas de ellas, viven temporalmente fuera del territorio, pero mantienen sus casas, sus rastrojos y sus animales, regresando periódicamente para cuidarlos y participar de las asambleas y fiestas religiosas.

Los coloradeños se dedican a una diversidad de actividades que incluyen el trabajo asalariado fuera de la comunidad, el empleo municipal e incluso el turismo sin nunca por eso descuidar el pastoreo de animales y el cultivo de forraje, habas y papas. Como en muchas comunidades indígenas, conviven el trabajo ‘moderno’ y las tareas productivas ‘tradicionales’.
Una característica especial del lugar es su relación con las Salinas Grandes a través de la extracción artesanal de panes de sal. Esta actividad se realiza entre abril y noviembre, durante la estación seca. Se remonta más allá del tiempo de los abuelos y es considerada una rica fuente de trabajo y parte importante de la identidad cultural de los coloradeños. El proceso de extracción consiste en cortar bloques de sal de la superficie de la salina con hachas y picos, empleando las mismas técnicas de antes: marcar, hacharcuadrar y rumbar. Los panes son luego utilizados para alimentar al ganado y también comercializados allí mismo para la reventa, transportándose en camiones que los distribuyen al resto del país. Los salineros, como se los denomina en la comunidad, trabajan largas jornadas bajo el particular ambiente de las salinas, caracterizado por temperaturas muy altas en el día y muy bajas en la noche y con la permanente exposición a la refracción de la luz solar sobre el piso del salar. Su trabajo, no obstante, se desenvuelve en un clima jovial y respetuoso, caracterizado por las bromas, el buen trato y algunos ritos cotidianos. Esto último se vincula con la preocupación constante por no ofender a los ojitos de agua (vertientes) y a la propia Pachamama: como muchas veces nos explicaron, si le hablas bonito a la tierra ella se queda tranquila y deja que trabajes lindo. Así, las Salinas Grandes no sólo están habitadas por las comunidades indígenas y sus ricos minerales sino también por diferentes entidades que pueblan el paisaje y de las que dependen toda la vida en el lugar.


Tal vez ésta sea una de las cosas más difíciles de entender y de aceptar para los políticos y los empresarios que desde hace varios años vienen protagonizando conflictos en el territorio de San Miguel de Colorados y de otros grupos indígenas que pertenecen a la región. Estos conflictos involucran, entre otras cosas, proyectos de exploración de litio que son rechazados por buena parte de las comunidades, tal y como se evidencia actualmente en los medios de comunicación y redes sociales.

Cadena de conflictos
Los conflictos que involucran a proyectos extractivistas en la región se suceden desde hace varios años, por lo menos desde 2009. Consecuencia de ello fue la conformación de la Mesa de las 33 Comunidades de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en 2010, seguida de movilizaciones y cortes de ruta que denunciaban la actividad ilegal de prospección minera de varias empresas y sus consecuencias ambientales. La demanda llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente la desestimó, en 2012.
A pesar de este fallo, en 2015, las comunidades presentaron el Protocolo Kachi Yupi (Huella de Sal) que establece lo modos en que debe realizarse la consulta y consentimiento previo, libre e informado antes del desarrollo de cualquier iniciativa minera.
A pesar de que en 2016 el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, se comprometió con las comunidades a aprobar por decreto el protocolo, esto finalmente jamás sucedió. La provincia, además, nunca reglamentó los procedimientos contenidos en el Convenio 169 de la OIT, que asegura los derechos indígenas en estos casos, a pesar de que nuestro país lo reconoció mediante la Ley 24071, en 1992. La única reglamentación existente, y con la cual el gobierno provincial pretende aprobar las iniciativas mineras, es el Decreto 5772, de 2010, dictado por el ex gobernador Fellner. Esta reglamentación sólo obliga a un estudio de impacto ambiental que debe ser aprobado por una Unidad de Gestión, la cual debería incluir un delegado de las comunidades indígenas afectadas. Fuera de este requerimiento y a pesar de los tratados internacionales, los emprendimientos actuales no tienen la obligación jurídica de realizar una consulta libre, previa e informada a las comunidades ni de contar con su consentimiento. De esta forma, existe un vacío legal para los acuerdos o reparaciones que las empresas puedan ofrecer a las comunidades afectadas.
Amparados en lo anterior, el gobierno autorizó el pedimento minero de Luis Lozi SA y Ekeko SA para la exploración[2] de litio en el territorio de tres comunidades del área, entre ellas San Miguel de Colorados. Sin embargo, sólo una recibió el informe de impacto ambiental, fue notificada del proyecto y consintió con la exploración en su territorio. Es decir, a pesar de que era necesaria la comunicación y participación de las otras comunidades colindantes (pues el proyecto completo las involucra y el Decreto 5772 así lo establece), las empresas iniciaron igualmente los trabajos de exploración, violando los límites territoriales e ingresando a áreas para las cuales no tendrían permiso. Como consecuencia de esta situación, las comunidades se declararon en estado de asamblea permanente desde el 4 de febrero, logrando la expulsión de las empresas del lugar cuatro días después, el día 8.
Desde el día 14 de febrero, las comunidades se movilizaron cortando la ruta nacional 52, en el cruce con la 79 (ex 40), camino al paso internacional de Jama. Con esta acción, exigían la reparación ambiental de lo realizado hasta la fecha y que se suspendiera el concurso público internacional de oferentes para tareas de prospección, exploración y explotación, con agregado de valor al litio (N° 1/2018, expediente n°660-538/2018). El llamado está auspiciado por JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) e incluye a los territorios de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Es decir, los intereses del estado provincial en la región no se reducen para nada a los casos puntuales de las empresas mencionadas y auguran más conflictos en el futuro.
Finalmente, los comuneros insisten con la necesidad de declarar a la zona como “patrimonio natural, cultural y ancestral de los pueblos originarios, zona libre de megaminería, de minería de litio, y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente contra las formas de vida de las comunidades”.

Hablar sobre la tierra
El corte de ruta fue sostenido pacíficamente por las comunidades de la región, afectadas directa e indirectamente por los emprendimientos denunciados y por la perspectiva de nuevas exploraciones. Fueron organizados abriendo el paso a vehículos cada hora y aprovechando el espacio para informar y sumar adhesiones a la causa. Y desde el inicio las comunidades reclamaron ser atendidas por el gobierno.
La primera respuesta del gobierno fue enviar al director de JEMSE, Carlos Oehler, y al secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia, Miguel Soler, que se reunieron con las comunidades de la cuenca, el día 15 de febrero en la localidad puneña de Saladillo. Allí, prometieron la presencia de Gerardo Morales para una nueva reunión en el mismo lugar, luego confirmada para el día miércoles 20. En un gesto de apertura, las comunidades levantaron entonces el corte de ruta. No obstante, el gobierno provincial adelantó de forma arbitraria la reunión para el día martes 19, convocando mediante un radiograma a los comuneros para que se presenten en la ciudad de Jujuy. El rechazo de las comunidades fue unánime y anunciaron retomar el corte de ruta si el gobernador no se presentaba según lo pactado, lo que efectivamente no sucedió. Luego de que volviera el corte y a pesar de sus compromisos incumplidos, el gobierno provincial acusó públicamente a las comunidades de “no asistir al diálogo” y convocó a una nueva reunión, para el martes 26, en Jujuy. Las comunidades rechazaron nuevamente estas propuestas y continuaron exigiendo que Morales “de la cara en la puna”. El jueves 21 de febrero, el gobierno respondió enviando fuerzas policiales para “custodiar” a los manifestantes en una actitud intimidatoria, a pesar de que no contar con una orden de desalojo.
Al día de hoy, el conflicto está lejos de destrabarse. Las comunidades continúan movilizadas y en estado de alerta. Aunque decidieron mediante asamblea levantar el corte de ruta, no desestiman volver a retomarlo y siguen reclamando diálogo con el gobierno, pero en la puna. El gobierno, por su parte, insiste en que las comunidades “depongan su actitud” y acepten sus condiciones; mientras tanto, canceló cualquier otra posibilidad de comunicación (incluyendo su propia convocatoria para el día 26). El concurso de oferentes sigue oficialmente abierto presagiando el recrudecimiento del conflicto para las próximas semanas.

¿Jujuy es Pachamama?

Los incumplimientos por parte del gobierno y la caricaturización que sus declaraciones hacen de los pedidos de las comunidades (como “caprichos” o “extorsiones”) son un capítulo más del profundo desentendimiento y desprecio por las formas locales de organización indígena, que enfatizan en estos casos las herramientas de las asambleas. 
Las asambleas comunitarias constituyen órganos de decisión colectiva que dependen de la participación continua de todos sus miembros. En casos importantes como este, el envío de ‘representantes’ (presidentes comunales o delegados) a la ciudad de Jujuy no sería, en principio, una solución deseable y legítima, desde el punto de vista de la organización local. El trabajo desarrollado muestra que las asambleas deben llevarse a cabo en el territorio de las comunidades, a donde puedan asistir mayor cantidad de miembros para tornarlas, entre otras cosas, más representativas y resolutivas. En este sentido, algunos comuneros se manifestaron en contra de las iniciativas gubernamentales para formar “mesas chicas”.
Pero esto no es todo. La el trabajo etnográfico revela también que los procesos de toma de decisiones no sólo involucran a la voluntad (humana) de los miembros de la comunidad, sino también a la de aquellas entidades y fuerzas junto a las que conviven. Es decir, junto a aquellos seres (que la antropología llama “no-humanos”), que mencionamos arriba y que en este conflicto han sido evocados hasta el cansancio por las comunidades implicadas: Pachamama y ojitos de agua, principalmente. En este sentido, sería imposible tomar decisiones sobre el territorio sin estar sobre el territorio: allí donde estas entidades se hacen presentes de manera continua. Si para abrir la tierra para sembrar papas o para cortar un pan de sal es necesario el visto bueno de Pachamama, ¿cómo podría eludírselo ante la perspectiva de una exploración minera que pretende realizar seis pozos de 300 metros de profundidad?
Los coloradeños enseñan que las consultas y los consentimientos previos e informados no son sólo asuntos de las personas. Las comunidades y sus asambleas tienen la responsabilidad de asegurar que muchos de esos “otros” (Pachamama y ojitos de agua) también puedan ser convocados; y eso sólo está asegurado en la puna. El gobierno jujeño publicita que “Jujuy es Pachamama”, pero parece que las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc son las únicas que se toman en serio estas palabras.

Por José María Miranda Pérez / Becario doctoral CONICET.
Francisco Pazzarelli / Investigador CONICET.
Fotos: José María Miranda Pérez Diario Jujuy Dice Prensa originaria Llankaj MAKI


[1] La etnografía es un método de investigación de la antropología social, que consiste en la observación participante, la convivencia en el lugar y la realización de entrevistas. En este sentido, uno de nosotros (José María Miranda Pérez) ha realizado viajes frecuentes a la comunidad y una estadía prolongada de varios meses en el lugar, que continúan hasta el momento.

[2] La exploración es un paso previo a la explotación, que pretende evaluar la factibilidad de la misma.