Compartimos la nota central publicada en el número cero de la revista institucional Culturαs, del Museo de Antropologías de la UNC, en agosto de 2003, bajo el título «Las huellas del horror». De esta forma damos cuenta de las actividades que realizábamos desde el museo en aquel tiempo para visibilizar no sólo un trabajo antropológico, sino además la necesidad institucional de implicarnos en la reparación social de lo que significó el Terrorismo de Estado. Es por eso que pueden verse las marcas del tipo de periodismo gráfico e institucional de aquellos años.
Enterramientos clandestinos en Córdoba
Las huellas del horror
Más de cien cuerpos inhumados de manera clandestina fueron hallados en una fosa común del Cementerio San Vicente. De ellos, dos ya fueron identificados: Mario Osatinsky y Liliana Sofía Barrios. Desde el año pasado el Equipo Argentino de Antropología Forense y especialistas del Museo de Antropología de la UNC, trabajan arduamente para determinar el resto de las identidades.
Mario Osatinsky y Liliana Sofía Barrios. Nada nos dirían estos nombres si tras ellos no se ocultara una historia que viene a ser la síntesis del horror. De los más de 100 cuerpos hallados en el cementerio San Vicente, en la Ciudad de Córdoba, después de meses de ardua labor realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), más especialistas del Museo de Antropología de la UNC, estos nombres vienen a ser un grito que tuvo que esperar 27 años para ser escuchado.
Los cuerpos que albergaban estos nombres fueron ultimados a balazos, después de haber sido macerados por la tortura. Pero Mario Osatinsky y Liliana Sofía Barrios no eran sólo dos cuerpos en posesión de sus nombres. Eran vidas que bullían, sueños que fueron truncados cuando apenas comenzaban a perfilarse ante el mundo. Mario Osatinsky tenía sólo 18 años cuando fue asesinado. Liliana Sofía Barrios llevaba en su vientre una criatura de cuatro meses.
Los “enterramientos clandestinos” que tuvieron lugar durante la última dictadura militar, representan una muestra más del accionar macabro del terrorismo de Estado. Y fueron, además, el último eslabón de una dantesca cadena que se iniciaba con la detención, el secuestro, la tortura, el asesinato o los fusilamientos de personas a manos del Ejército, en un marco absoluto de clandestinidad. Cuerpos sin vida que después de pasar por morgues de distintos hospitales de la provincia, terminaban, como en este caso, lanzados como sacos en fosas comunes de hasta de 2,50 metros de profundidad.
La causa “Averiguación de enterramientos clandestinos periodo 1976-1983”, que se tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de la jueza Cristina Garzón de Lascano, fue el punto de partida para una nueva investigación en materia de Derechos Humanos. Desde diciembre de 2002, peritos judiciales de esta fiscalía, especialistas del Museo de Antropología de la UNC y el prestigioso equipo de EAAF, vienen trabajando en la excavación y exhumación de fosas comunes del cementerio cordobés. De los más de cien cuerpos hallados hasta el momento, probablemente el 30 por ciento corresponda a desaparecidos por la represión militar.
Como primer objetivo, se pretende identificar los despojos de personas que durante la primera mitad de 1976, fueron enterradas allí de manera clandestina. Esto le aporta a la Justicia una cantidad de elementos probatorios que permitirá poner fin a esa búsqueda incansable de algunos familiares y amigos por encontrar los restos de sus seres queridos. Con ello, se pretende también que el país, todo, asuma el valor de reconstruir el pasado exigiendo el derecho a la verdad histórica.
Un trabajo en conjunto
Darío Olmo (45 años) es el arqueólogo y antropólogo forense de la EAAF que se encuentra al frente de esta investigación. Trabaja con un grupo de especialistas que se apoya en los registros tomados en 1984 por la CONADEP (Comisión Nacional para investigar la Desaparición de Personas), en los datos que aportan los familiares de manera espontánea y en la reconstrucción histórica que realiza la ONG santafesina ARHISTA (Asociación para la Reconstrucción Histórica). Este último grupo es el encargado de recopilar los datos de los familiares, los documentos judiciales y del Registro Civil, los informes médicos y de obra social, para cruzarlos luego con los rasgos anatómicos (sexo, estatura, ficha odontológica, etc.) y, si fuera necesario, someterlos más tarde a un estudio posterior de ADN.
Registros y evidencias
Las excavaciones en un principio estuvieron centradas en tres sepulturas individuales, donde los resultados no fueron del todo satisfactorios. Luego, el grupo de especialistas relevó con éxito la fosa ubicada en la “Cabecera Norte” del cementerio de San Vicente, que pudo ser identificada –entre otros datos– por el singular desnivel que presentaba el terreno. Allí se encontraron dos pisos de restos humanos, separados por un hiato de sedimento. Los cadáveres eran de ambos sexos. Muchos habían sido arrojados boca abajo, otros boca arriba, algunos con calzados y otros aún mantenían en sus muñecas chapitas de identificación que solían colgarles en la morgue.
Por la información y datos obtenidos en el trabajo de campo, los investigadores suponen que los cuerpos enterrados en esta fosa, corresponden al invierno de 1976 y provienen de dos episodios intempestivos en los que se vaciaron las morgues del Hospital San Roque y del Córdoba.
En algunos niveles se encontraron cápsulas de balas y cuerpos maniatados. Con estas evidencias –documentadas mediante dibujos, fotografías y filmaciones– la investigación devela que existen casos de muertes violentas. Posteriormente, el trabajo en el cementerio se trasladó a la llamada “Fosa grande”: un lugar que había sido abierto y perturbado, en términos de excavación, en 1984, mediante una pala mecánica que ocasionó serios desórdenes y la destrucción de valiosas pruebas. La excavación, que por aquellos años había sido ordenada por el juez Gustavo Becerra Ferrer, buscaba los restos de siete fusilados por el gobierno de Facto, en la localidad de los Surgentes, del interior cordobés.
A pesar de aquellas torpezas, se pudo verificar que las inhumaciones fueron realizadas en forma irregular y que existió –según las propias declaraciones de Darío Olmo– “una falta de consideración absoluta en el tratamiento de los restos de las personas que fueron arrojados a estas fosas”.
En un comienzo los restos eran analizados en el laboratorio del Museo de Antropología de la UNC. Actualmente, y dada la cantidad de cuerpos exhumados, se encuentran en la morgue. Las pruebas de ADN se realizan en el Laboratorio de Genética Molecular.
La identidad tras el método de exclusión
Teniendo en cuenta el perfil biológico de las personas desaparecidas, los antropólogos del EAAF se aseguran de obtener una base de información confiable. “Sabemos por lo general que se trata de personas jóvenes, de ambos sexos, que manifiestan una causa de muerte violenta –explica Darío Olmo–. “La identificación de personas desaparecidas se produce mediante un proceso de exclusión, que va desde lo general a lo particular. Yo digo: este esqueleto es el de una mujer, por lo tanto excluyó a todos los desaparecidos hombres. Una mujer que tuvo entre 20 y 25 años, excluyo entonces a todas las mayores de 25 y menores de 18. Así, van quedando menos. Es una mujer de 1,70 mts. de estatura, excluyo entonces a las mayores de 1,73 y a las menores de 1,67. Investigo luego si el episodio se produjo en la fecha, digamos, julio de 1976. Excluyo las denuncias de desapariciones posteriores a esa fecha. Observo si la persona escribía con la mano izquierda, excluyo a todas las derechas. Y así, hasta que me van quedando muy pocas identidades, con las cuales no puedo descartar que esa mujer sea la que estamos buscando. Si tengo buena información –concluye Olmo– me queda una que no puedo excluir. Seguramente, esa es”.
Las expectativas
El resto de las identificaciones se lograrán cuando estén listos los resultados de ADN, en un periodo menor de dos años (*). Los familiares de las víctimas y el país, conocerán entonces parte de la verdad histórica de lo sucedido. Los principales responsables de estos crímenes horrendos se encuentran protegidos por decretos o leyes de impunidad.
Cabría preguntarse entonces si ante la evidencia de semejantes pruebas, la Justicia Argentina no debería revisar la “constitucionalidad” de los Indultos y de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Hay que hacerlo. Porque de lo contrario, los gritos de las 30 mil gargantas calladas por el plomo, más temprano que tarde se sumarán a los de Mario Osatinsky y Liliana Sofía Barrios para clamar justicia. Una Justicia Debida para un Punto Final al horror.
(*) Al cierre de esta edición, la Justicia sólo había dado a conocer la identidad de Mario Osatinsky y Liliana Sofía Barrios. El EAAF espera identificar antes de que finalice el año, cerca de una docena de cuerpos pertenecientes a personas desaparecidas por la última dictadura. Agosto 2003.
Por Irina Morán y Tomás Barceló Cuesta
Fotos: Equipo Argentino de Antropología Forense