Bajo este título, el jueves 31 de octubre, a las 18:30hs, en el Museo de Antropología de la UNC, se llevará a cabo esta charla- debate, que contará con la participación de Flavia Dezzutto, Decana la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC; Victoria Siloff, integrante del equipo de abogadxs penales de la causa por criminalización estudiantil; Victoria Chabrando, Historiadora de la UNC y estarán presentes los 27 estudiantes procesados en la toma del Pabellón Argentina, durante el 2018. Abierta a toda la comunidad, se proyectará además el documental Pabellón tomado del Equipo Audiovisual Enfant Terrible.
Compartimos el documento elaborado por Marcos Luna, Julián Fanzini y Juan Lizarraga, que presenta los fundamentos para la realización de esta actividad.
¿La Córdoba de la Reforma o la Córdoba del procesamiento?
Las tomas situadas en tiempo y contexto
¿Qué pasó en el 2018? ¿Cuáles fueron los conflictos y los procesos de movilización social que antecedieron a la toma del Pabellón Argentina de la UNC? ¿Cuál fue el contexto que resultó en esta medida de protesta?
En el 2018, un conjunto de medidas y políticas del gobierno de Cambiemos impactó con intensa crudeza sobre las universidades públicas del país. Desde los inicios de ese año, gremios, pasillos y aulas fueron escenarios de los siguientes temas de discusión: la subejecución del presupuesto destinado a educación superior; la falta de acuerdo en la paritaria docente y el deterioro del salario en términos reales; la devaluación del peso del 110% en sólo los primeros 8 meses del 2018[1]; la fusión y desjerarquización de ministerios y secretarías[2]; el recorte de las incumbencias y los alcances de títulos profesionales universitarios.
La comunidad educativa universitaria desplegó paulatinamente acciones de movilización en respuesta a estos embates. En las facultades con carreras afectadas por el recorte de incumbencias comenzaron a organizarse asambleas interclaustros. En el gremio de docentes e investigadores universitarios de Córdoba (ADIUC), la asamblea de afiliados tuvo un récord histórico de participación en el marco de la discusión paritaria. Todas las universidades públicas nacionales estuvieron de paro durante un mes y en Córdoba, donde la asamblea gremial votó el rechazo de la propuesta salarial finalmente aceptada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), el paro docente se prolongó inclusive una semana más. Se realizó en Buenos Aires una Marcha Nacional Universitaria en la que participaron más de 300 mil personas[3], la cual fue anticipada e incentivada en Córdoba por una movilización de cerca de 100 mil personas que salieron a las calles una semana antes con la consigna “La Universidad está en peligro”. A esa altura, las protestas no estaban impulsadas exclusivamente por el conflicto paritario; la gente ocupaba el espacio público con marchas, carpas y clases porque las políticas desplegadas por Cambiemos ponían en estado crítico no sólo al salario docente sino a la educación pública en su conjunto. Las tomas emergen en el seno de este proceso de movilización de la comunidad educativa, con sus múltiples demandas y actores. Para fines de agosto, había ocupaciones de edificios y facultades en universidades de todo el país.
¿Qué expresa y qué implica el procesamiento de 27 estudiantes de la UNC?
En Córdoba, el proceso de movilización -que implicó la ocupación del Pabellón Argentina- dejó entre sus resultados a 27 estudiantes imputadxs y actualmente procesadxs. Por medio de este procedimiento, el discurso jurídico individualiza a algunxs estudiantes -al señalarlxs con nombre y apellido- y, en un mismo movimiento, invisibiliza los colectivos que estas personas integraban -de los cuales eran voceras-, al igual que oculta el proceso social que precedió la ocupación del pabellón.
Ahora bien, es crucial entender que el procesamiento no es sólo decisión de un juez: también está socialmente avalado por ciertas imágenes sobre la política estudiantil. Particularmente por una mirada social que acusa “excesos” y salidas individuales mediante frases a las que todxs estamos habituadxs y que creemos inofensivas o inocuas: “Estoy de acuerdo con el reclamo pero no con las formas”. “Tu derecho a reclamar termina donde empiezan mis derechos”. “Se cortaron solos”. “Son unos troskos”. Empleada de tal modo, esta última categoría ya no refiere a una identidad política en particular ni a su teoría, sino que sirve para designar y descalificar cualquier acción que esa mirada encuentra “desmedida”.
De esta manera, el discurso jurídico y el (pre)juicio social convergen con una perspectiva impulsada por el propio gobierno nacional que persigue y descalifica toda forma de acción política colectiva. Decimos entonces que esas expresiones del sentido común contienen: un juicio sobre una política “excedida” o un exceso de política, que amenazaría la estabilidad y la seguridad institucional; y la idea de que los canales institucionales constituyen la única vía de petición y representación.
Una idea estática de la política y de la democracia, ante la cual nos preguntamos: lo “democrático”, ¿está dado de una vez y para siempre? ¿O tiene perímetros -quiénes participan y cómo, quiénes tienen derecho y voz, quiénes voz y voto- que se van modificando en cada época como parte de la permanente construcción y transformación de la democracia misma? En el ámbito universitario en particular, los alcances y límites del cogobierno -las formas y canales de participación, los porcentajes de representación de cada claustro en los órganos colegiados, entre otros- son objeto de disputa y revisión constante, y lo han sido históricamente.
Instrucción de lo colectivo: ¿por qué nos interpela el procesamiento?
Ante el avance de ideas y políticas socio-estatales tendientes al debilitamiento de las tramas colectivas -o de una vulnerabilidad sistemáticamente inducida por el egoliberalismo[4]-, nos parece importante recuperar una mirada procesual, relacional e histórica de la acción política del movimiento estudiantil.
Procesual en el sentido de contemplar los hechos políticos que antecedieron a la toma y los que tuvieron lugar durante su desarrollo: los sucesivos intentos de interlocución con las autoridades, la ficción de las mesas de diálogo, las violencias institucionales -cotidianas y estructurales-. Relacional e histórica, para situar la toma en el marco de un conflicto de dimensión nacional, en una historia reciente de luchas estudiantiles[5], y para tomar en serio a las formas de organización y de producción de consenso llevadas adelante por lxs estudiantes durante la medida de fuerza.
Recuperar estos elementos es importante además porque la judicialización de la protesta tiene graves implicancias para el movimiento estudiantil y la sociedad en su conjunto en el presente y en el futuro. La criminalización de la protesta social -una herramienta que no es novedosa para gobiernos neoliberales- alcanzó a la acción política estudiantil e ingresó al ámbito universitario. ¿Realmente vamos a consentir con la asociación entre delito y la ocupación estudiantil de un espacio público? Asimismo, es importante reflexionar acerca de la estigmatización social sobre la acción colectiva que la judicialización retroalimenta y sobre los efectos de disciplinamiento dirigidos a los colectivos movilizados. La acusación de 27 estudiantes -convertidxs en “individuos” aislados- tiene profundos costos para la vida laboral, académica y afectiva de cada persona. Pero esto a la vez opera como una suerte de “castigo ejemplar”, cuyo mensaje está destinado a la comunidad estudiantil en su conjunto y, por lo tanto, a sus posibilidades futuras del ejercicio democrático.
Les invitamos a desplazarnos de lugares cómodos y a encontrarnos con perspectivas y registros invisibilizados tanto en los expedientes judiciales como en las notas periodísticas de los medios dominantes. Esperamos así contribuir a hacer de la UNC, lugar de orígen de la Reforma del ‘18, una institución que acepte el desafío de construir acuerdos plurales, antes que un agente promotor de la criminalización de la protesta estudiantil.
(*) Documento elaborado por Marcos Luna, Julián Fanzini y Juan Lizarraga. Integrantes del equipo de investigación «Antropología de la política vivida en perspectiva comparada: procesos políticos contemporáneos en la provincia de Córdoba», dirigido por Julieta Quirós y radicado en el Museo de Antropología/IDACOR – CONICET – UNC.
Fotos: Irina Morán
[1] Ver: “En el transcurso de 2018 el peso argentino perdió más de la mitad de su valor”, publicada en Infobae el 30/8/18. Disponible en https://www.infobae.com/economia/2018/08/30/en-el-transcurso-de-2018-el-peso-argentino-perdio-mas-de-la-mitad-de-su-valor/
[2] “Educación”, “Cultura” y “Ciencia y Técnica” pasaron de ser 3 espacios distintos a conformar un solo ministerio
[3] Ver: “Una multitud en defensa de la universidad pública”, en Página12, el 30/8/19. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/138900-una-multitud-en-defensa-de-la-universidad-publica
[4] Cano, Virginia, (2018). Solx no se nace, se llega a estarlo. Egoliberalismo y auto-precarización afectiva. En Los feminismos ante el neoliberalismo. Adrogué: La Cebra y Latfem.
[5] Pensamos en la lucha en contra de la reforma política de la UNC en el 2016; en las ocupaciones en la UNC y en múltiples escuelas medias del 2010 en resistencia a la reforma de la Ley General de Educación de la Provincia de Córdoba (ley 8113); en las movilizaciones y tomas del 2005 por mejoras salariales y aumento presupuestario para las universidades nacionales; entre otras.
