Gracias a una audiencia pública, que tuvo lugar en los Tribunales de Jesús María el 21 de julio de 2022 en Córdoba, se logró frenar el proceso de desalojo de la Comunidad Indígena “Pluma Blanca”. Fueron más de cinco horas de una audiencia frente al juez Luis Belitzky quien, tras escuchar a más de una decena de oradorxs, decidió no firmar el oficio de lanzamiento de la orden de desalojo, ante la posibilidad “de causar perjuicios a terceros”.
Participaron representantes de las comunidades originarias de Córdoba y miembros del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. También representantes de organismos de Derechos Humanos, docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, del Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR) y del Museo de Antropologías de la UNC, junto a autoridades de Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros. La audiencia pública comenzó alrededor de las 11 de la mañana, en una jornada invernal de tonos grises en los Tribunales de Jesús María.
Carlos López es el Nahuán de la «Comunidad Kamiare Comichingon Pluma Blanca», ubicada en los cerros cruzados por río Chavascate, entre Candonga y El Manzano. Un territorrio que colinda al oeste, con Canteras El Sauce y al norte, con el Barrio Ticupil. Se trata de una zona que permite algunas actividades rurales como la tenencia de una treintena de animales para el sostenimiento cotidiano. El predio abarca aproximadamente 166 hectáreas, según el ultimo Relevamiento Territorial, realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), respaldado a su vez por investigadorxs del Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR) y del Museo de Antropologías de la Universidad Nacional de Córdoba.
Vive allí Carlos López, junto a su compañera Norma Ibarra y sus hijxs. Una comunidad hostigada y amedrentada desde hace décadas. Estos predios ancestrales, que por generaciones pertenecen a la Comunidad «Pluma Blanca», se encuentran en un litigio judicial, disputado por Luis Ernesto Remonda, uno de los nietos directos de la familia fundadora del diario La Voz del Interior, hasta que la empresa pasó a ser parte del Grupo Clarín.
En el año 2015, Luis Ernesto Remonda inicia una demanda de reivindicación por la compra de cientos de hectáreas de tierra en esta zona, incluida el área de ocupación de la comunidad “Pluma Blanca”, y exige la expulsión del territorio de las personas que allí se encontraran. La demanda concluyó con una sentencia de expulsión hacia Carlos López, Nahuán de la Comunidad «Pluma Blanca», en el año 2020.
La sentencia judicial no se ejecutó por la situación de pandemia, pero igualmente significaba una luz roja, frente a la posibilidad de expulsión de esta comunidad comechingona, que desarrolla sus actividades de sustento desde mucho antes de la compra-venta de estas tierras a manos privadas en ese territorio.
Un proceso judicial que, de no modificarse, soslaya la legislación vigente en nuestro país. En particular, lo dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con jerarquía constitucional; el inc. 17 del art. 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de nuestro país. También la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Nº 61/265 (13/09/2007) y demás normativas de Derechos Humanos, leyes nacionales y provinciales, que garantizan los derechos a la identidad y autodeterminación, a la ocupación y titularidad de sus territorios ancestrales, más el respeto por la diversidad cultural, el conocimiento y la espiritualidad, entre otros.
Argumentos que fueron explicitados de manera precisa durante la audiencia pública, por el historiador Pablo Reyna y los representantes de Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Julián Fernández y Edgardo Miranda; más el Coordinador Regional del CAJ, Sergio Job, entre otros que aludieron al marco de derecho índigena que debería tener la causa.
Frente a esa sentencia, librada en plena pandemia, se viene exigiendo el inmediato cumplimiento de la Ley 26.160 “que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país, y que suspende por el plazo de emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”.
Por ello, después de casi dos años de esa sentencia en pandemia, el desarrollo pleno de la audiencia pública cobró un valor muy significativo. Fue una instancia necesaria donde expusieron un sinfín de argumentos sólidos para detener la violencia y el grave antecedente que supone un desalojo a una comunidad originaria.
Después de tanto hostigamiento a la familia de Pluma Banca –han sufrido amenazas de muerte, abusos, robos de animales, agresiones violentas en su hogar y distintos tipos de discriminaciones, sumado a maltratos de índole personal e institucional–, la decisión del juez Luis Belitzky de no firmar la orden judicial que habilitaría un desalojo, resulta un antecedente histórico.
Es la primera vez que la Justicia de Córdoba abre sus puertas y se dispone a escuchar de manera pública los argumentos históricos y antropológicos que respaldan los derechos de los pueblos originarios.
Durante el transcurso de la audiencia, cada una de las exposiciones resultó tan contundente, como conmovedora. Fueron más de una decena de testimonios por parte de integrantes de comunidades originarias, científicos, funcionarios, especialistas e investigadores, a favor de los derechos ancestrales de comunidad de Pluma Blanca.
Incluso, César Marchesino, Secretario de Extensión en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, previo a su intervención y a pedido de las comunidades presentes, solicitó dar lugar a una sentida ceremonia, donde se invocó a antepasados y fuerzas de la naturaleza para que la audiencia se desarrolle con “sabiduría, amor y respeto frente a la defensa de la tierra”.
Después de una extensa jornada, que culminó alrededor de las 17 horas, el juez de Jesús María se comprometió a no librar el oficio de lanzamiento del desalojo hasta que la Cámara “no haya revisado las impugnaciones pendientes planteadas por la comunidad”.
Para Natalia Bilbao, la abogada que defiende los derechos de la comunidad «Pluma Banca», fue una jornada histórica. “Un día significativo y trascendente para los pueblos indígenas en general y para la Comunidad Pluma Blanca en particular. La audiencia fue un hecho memorable, donde la Justicia pudo escuchar las diferentes voces y se demostró la trascendencia de este conflicto”.
“Somos parte de la tierra”
Ningún proceso de lucha y resistencia en el tiempo se produce en soledad. Para modificar los rumbos de la historia o para que la Justicia abra un espacio de respeto y escucha, resulta imprescindible el acompañamiento y la articulación permanente entre las comunidades originarias, instituciones y colectivos sociales que buscan revertir procesos de avasallamientos, avalados por un sentido de justicia colonial, capitalista y patriarcal.
En este marco, fue determinante la presencia y los testimonios de las diferentes personas, referentes políticos y actores sociales, en esta audiencia pública. A nivel nacional, intervinieron los abogados del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Julián Fernández y Edgardo Miranda. También se escucharon los aportes en materia de derecho que expresó Sergio Job, Doctor en Ciencias Políticas y Profesor en Facultad de Derecho de la UNC. Además de Coordinador Regional de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.
Resultó imprescindible dar lugar a la diversidad de testimonios y sentires en boca de representantes indígenas. Fue esclarecedora y hasta pedagógica la exposición del historiador Pablo Reyna. Nahuan a su vez de la Comunidad Camiare Comechingón Timoteo Reyna y docente en el Instituto de Culturas Aborígenes y de la Universidad Provincial de Córdoba.
También la intervención de Aldo Gómez, Nahuan de la Comunidad Ticas. Representante en el Consejo de Participación Indígena ante el INAI por la provincia de Córdoba. Integrante del Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de Córdoba. Y Cristian Bustos, Charaba de la Comunidad Sanaviron Mampa Sacat. Integrante del Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas (CEAPI). Profesor de Historia e integrante del Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de Córdoba.
Otra de las voces necesarias fue la participación de Martha Ceballos. Curaca de la Comunidad rural Arabela. Representante en el Consejo de Participación Indígena ante el INAI por la provincia de Córdoba. Integrante del Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de Córdoba. También se escuchó la exposición de la antropóloga Laura Misetich Astrada. Profesora de Historia. Docente en el Instituto de Culturas Aborígenes. Comunera de la Comunidad Camiare Comechingón Canchira.
Desde el ámbito universitario, intervino la antropóloga Carolina Ávarez Ávila, quien expuso una clara cosmovisión indígena, necesaria para valorar este caso. Ávarez Ávila es docente en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC e investigadora del IDACOR-CONICET. Integrante del Consejo Asesor del Programa de DDHH de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Y directora de carreras de Especialización y Maestría en Antropología de la UNC.
Dentro del trabajo de articulación entre las comunidades y la universidad pública, intervino el docente e investigador César Marchesino. Doctor en Filosofía y Secretario de Extensión en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, quien recordó la importancia del derecho preexistente de las personas que no comulgan con el paradigma ontológico colonial.
También fue necesaria la perspectiva histórica de los pueblos originarios de Córdoba que aportó el antropólogo, José María Bompadre, Doctor en Ciencias Antropológicas. Miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Profesor e investigador en la Facultad de Filosofía y Humanidades; en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC y en el Instituto de Culturas Aborígenes (ICA).
Bompadre compartió su intervención junto a la antropóloga Fabiola Heredia, actual directora del Museo de Antropologías de la UNC. Una institución clave, tanto en la tarea de articulación social, como en los procesos de conservación, relevamiento territorial y patrimonial de los sitios arqueológicos de la provincia.
A su vez, fue importante escuchar la solvencia expresada por la filósofa Flavia Dezzutto, actual Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Quien recordó no sólo la misión y el interés público que reviste este caso para la Universidad Nacional de Córdoba, por su incidencia y trascendencia social, sino que se trataba de la historia, los derechos y la vida particular de personas de carne y hueso. “No se trata de muebles que uno puede correr de lugar”, dijo.
También conmovieron las palabras expresadas por Natalia Bilbao, abogada que lleva la defensa de la Comunidad «Pluma Blanca». Bilbao enfatizó sobre la urgencia de suspender el desalojo, expuso argumentos necesarios para encausar este proceso dentro del derecho indígena, y adelantó que solicitará el recurso de una tercieria judicial, para dar un giro contundente en el resultado de la causa.
Sobre el final, se escuchó el testimonio sentido del Nahuan de la Comunidad de Pluma Blanca, Carlos López. Mirando a los ojos al juez, López pudo plantear cada una de las violencias, amenazas, robos y hasta abusos sexuales que sufrió su compañera Norma, sumado a otros hostigamientos y discriminaciones que durante décadas viene padeciendo su familia y antepasadxs. “Han sido muy dañinos”, dijo. “Muy invasivos. Siempre nos han atacado”, expresó. Además, explicó que toda su comunidad “no está en condiciones de entregar las tierras a nadie porque nosotros pertenecemos al lugar”. En sus palabras, invitó al juez de Jesús María a conocer el territorio de Pluma Blanca.Y dijo: “Nosotros somos parte de la tierra, porque tenemos nuestra sangre en este lugar”.
Finalmente, el juez Luis Belitzky expresó su decisión en diferir la orden de lanzamiento de desalojo, hasta que se tramiten las apelaciones planteadas por la Comunidad, entendiendo que se provocaría un perjuicio evidente, de continuar la ejecución si existen circunstancias que, revisadas en segunda instancia, demuestran que no resultan ajustadas a derecho.
Sin dudas se trató de una jornada histórica. No sólo en lo que atañe a detener y reparar los daños sufridos por la comunidad comechingona «Pluma Blanca». Sino en la esperanza que se abre ante la posibilidad de que la Justicia siente un antecedente favorable y significativo, frente a otras causas de avasallamiento sobre los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas.
Texto y fotos: Irina Morán
Área de Comunicación – Museo de Antropologías.