En esta nota, Agustina Molina – antropóloga de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC / CONICET– reúne algunos pasajes y datos que se desprenden del conversatorio Mujeres, el virus y la desigualdad, que fue parte del Ciclo Feminismos, transformaciones e incomodidades. Durante el conversatorio se reflexionó sobre los impactos de la economía popular, en el marco de las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y a partir de la experiencia de mujeres trabajadoras de la Cooperativa Textil “Las Libertadoras” que forma parte de la Confederación de Trabajadorxs de la Economía Popular (CTEP) y de la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP) de la ciudad de Córdoba.
Taller Compartiendo Saberes en el Banco de Telas de la organización Cáritas. Sep. 2019.
La Economía Popular (EP) está integrada por trabajadorxs que desarrollan su actividad sin relación de dependencia respecto de un patrón, con escaso capital y en algunos casos en la vía pública: empresas recuperadas, cooperativas de cartonerxs, vendedorxs ambulantes, ferias populares, cooperativas impulsadas por organizaciones sociales (de la rama textil, alimenticia, de servicios, rurales, de construcción, sociocomunitaria, entre otras) y cooperativas conformadas en el marco de programas estatales. Según la CTEP entiende por EP al “conjunto de actividades laborales que el pueblo se inventó para sobrevivir afuera del mercado formal”. La principal demanda de la CTEP- UTEP radica en el reconocimiento de los derechos de lxs trabajadorxs de la EP de modo tal que sean equiparables a los de lxs trabajadorxs en condiciones de formalidad (obra social, aportes previsionales, licencias, accidentes de trabajo, etc.).
A través del trabajo de campo etnográfico que realizo desde mediados del 2018 en la cooperativa Las Libertadoras, es posible reconocer cómo las “tareas de cuidados” no remuneradas, comúnmente no consideradas como trabajo, configuran también parte del trabajo que se establece en el marco cooperativo. Siendo la mayoría de sus integrantes madres solteras, jefas de hogar y principales encargadas del sustento económico de sus familias, realizan diversas labores que se llevan adelante de manera superpuesta y discontinua, acorde a las posibilidades que se les presentan. Por ejemplo, venta de productos por catálogo, elaboración y venta de comidas, cuidado de autos en la vía pública, cuidado de personas mayores, venta de productos de limpieza y producciones textiles por fuera del marco cooperativo, entre otras. Actualmente todas estas actividades se encuentran parcialmente imposibilitadas de realizarse con la logística, frecuencia y dinámica de funcionamiento utilizadas hasta ahora, por las medidas de aislamiento, más aún en los hogares en donde viven personas que son población de riesgo, como sucede en el caso de tres de las mujeres. Por ejemplo, Sandra es la única responsable del cuidado de su hija que es asmática, de otro hijo que nació con una enfermedad que le implica movilizarse en silla de ruedas y el uso de pañales descartables y de su mamá que tiene más 70 años. En este contexto, además de los cuidados sanitarios preventivos, sus dinámicas cotidianas también se vieron afectadas por la suspensión de las clases escolares y la realización de las tareas demandadas por las instituciones. Ninguna cuenta con computadora ni con red doméstica de internet, lo que les implica tener que rebuscárselas para cumplir con la continuidad educativa de sus hijxs.
En las experiencias de las mujeres que integran La Coope (como solemos llamarla), la posibilidad de acceder a trabajos considerados formales se ve restringida ya que deben realizar múltiples labores correspondientes a los cuidados familiares y tareas del hogar, que implican una dedicación a tiempo completo. A la vez, ninguna pudo finalizar los estudios secundarios, condición solicitada al momento de ser contratadas en diversos trabajos formales y, en algunos casos tampoco los primarios ya que debieron salir a trabajar durante su niñez/adolescencia para aportar a los ingresos económicos de sus familias.
A partir de la Encuesta de Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo, realizada por el INDEC en el año 2013, se puede observar que el 88,9% de las mujeres realizan tareas de cuidado no remuneradas a las cuales les dedican 6,4 horas diarias. Entre los varones, sólo un 57,9% declara realizar este tipo de tareas por un total de 3,4 horas. Incluso mujeres empleadas a tiempo completofuera de sus hogares, le dedican más tiempo, inclusive, que los varones desocupados. La Encuesta Permanente de Hogares no registra información de barrios populares, sino exclusivamente de aglomerados urbanos. El Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Re.Na.Ba.P) promovido y llevado adelante por organizaciones sociales en todo el país desde agosto del 2016 hasta 2019 permitió contabilizar 4.416 barrios populares en el territorio nacional, donde viven aproximadamente 4 millones de personas. Este censo registró que el 88,7% de los barrios no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 97,85% no tiene acceso formal a la red cloacal, el 63,8% no cuenta con acceso formal a la red eléctrica y el 98,9% no accede a la red formal de gas natural.
La economía popular abarca a 4,2 millones de personas, de las cuales sólo 12% percibe ingresos de un subsidio estatal. Solo el 31% de las mujeres que viven en barrios populares tiene un trabajo con ingreso, mientras que el 73% de los varones se encuentran en esta condición. Al comparar estos resultados con la tasa de ocupación de la Encuesta Permanente de Hogares, desde una perspectiva de género, la brecha de ocupación entre varones y mujeres se duplica en los barrios populares. La desigualdad de género que conocemos en el mundo del trabajo asalariado se amplía en los barrios populares con un gran impacto en la vida socioeconómica de las mujeres. Cabe aclarar que ninguno de los relevamientos incluyó a miembrxs de la comunidad LGTTTBIQA+.
La recesión económica, efecto de la pandemia mundial causada por el COVID-19, afecta sobre todo a aquellxs trabajadorxs que dependen del trabajo diario para vivir y, dentro de esa condición, las mujeres son no solamente las más afectadas sino además las encargadas de las actividades fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Tal como lo indica el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (2020) en los barrios populares, la situación frente a la pandemia cobra especificidades propias. Si para las clases medias y altas las medidas del ASPO confinan la vida a los hogares, en los sectores más vulnerados generalmente se implementa un aislamiento barrial con centralidad en los comedores y merenderos, sostenidos principalmente por mujeres e identidades feminizadas. Apenas iniciada la cuarentena, el Ministerio de Desarrollo Social indicó que la demanda alimentaria de los comedores de emergencia aumentó en un 40% en todo el país, pasó de 8 millones a 11 millones de personas.
La crisis sanitaria y socioeconómica ocasionada por el avance del virus y el desafío que ello implica para nuestro país, ha puesto sobre el tablero un debate urgente referido a la necesidad de construir políticas públicas contundentes, orientadas a visibilizar, reconocer y poner en valor las labores de cuidados históricamente feminizadas. Se trata de un debate en construcción que afecta todas las esferas de la vida social, económica y política. Resulta imprescindible en este contexto considerar de manera interseccional cómo se visibiliza el trabajo realizado históricamente en la EP y las situaciones de precariedad que atraviesa el sector. En ese sentido, también se hace foco sobre la predominancia de mujeres e identidades feminizadas en los espacios socio comunitarios, en los que se concentran gran parte de las tareas y responsabilidades que actúan como una extensión de las tareas no remuneradas que realizan hacia el interior de sus hogares.
Si bien el actual gobierno nacional, entre otras medidas, garantizó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono a las Asignaciones Universales por Hijo (AUH), y el bono de $3000 para quienes cobran Salarios Sociales Complementarios (SSC), en el caso de las trabajadoras de la cooperativa, por distintas razones, no todas pudieron acceder a dichos beneficios e incluso quienes sí pudieron hacerlo están teniendo severos problemas para poder cubrir la alimentación cotidiana y distintas necesidades en sus hogares. En diálogos mantenidos con ellas durante este período, todas me indicaban que tienen que priorizar la alimentación de lxs niñxs de la familia, generalmente llegan a poder cubrir una sola comida diaria y cuando queda algo comen ellas y las otras personas mayores con las que conviven. A pesar de ingeniárselas elaborando multiplicidad de estrategias para lograr ingresos económicos, la coyuntura actual resulta acuciante.
Es preciso mencionar que las mujeres de la cooperativa son parte del sector que más afectado se vio por las políticas del gobierno nacional en el período 2015- 2019 en donde se pusieron en práctica un conjunto de medidas de corte fuertemente neoliberal que agravaron notablemente la situación socioeconómica de las grandes mayorías populares del país. Según los datos oficiales brindados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) la inflación pasó de ser de un 27% en 2015 a 55,9% en 2019, y la pobreza de un 28,3% a un 35%, resultando en este período un total aproximado de 4.200.000 personas nuevas que ingresaron en la pobreza y 1.200.000 a la condición de indigencia.
A través de masivas movilizaciones y jornadas de reclamo, la gran conquista de la CTEP durante ese período fue la obtención de la Ley de Emergencia Social, en diciembre del 2016. Entre otras medidas, la normativa establece la asignación de SSC[1], otorgados a cambio de contraprestaciones realizadas. Se estima que aproximadamente sólo 450.000 trabajadorxs de la EP cobran SSC, que resultan muy escasos en comparación a la cantidad de gente que trabaja en el sector. La existencia de los SSC está vinculada a reconocer y reponer el valor de los trabajos que se llevan adelante en las distintas ramas de la EP, generalmente con un gran esfuerzo y sacrificio, signados por las amplias brechas socioeconómicas que histórica y estructuralmente caracterizaron a nuestras sociedades.
Si bien los debates que encaran soluciones para afrontar el COVID-19 se están construyendo y reformulando constantemente, hay un sector de la sociedad que tiene una vasta trayectoria en el diseño de estrategias de reproducción social para afrontar crisis económicas. Este sector históricamente lo constituyó la EP. Tal y como sostienen Fernández Álvarez, Pacífico y Señorans (2020), el valor económico y social que producen trabajadorxs de sectores populares va mucho más allá de lo que alcanzan a ver los análisis ortodoxos. La resignificación de posicionamientos acerca de la economía popular es una constante en la investigación de las ciencias sociales, especialmente en la sociología, la antropología, la economía y la política. Sin embargo, lo que se puede destacar en estos análisis, es su carácter eminentemente político. Tomar esta consideración nos orienta sobre el interés por comprender el mundo social en tanto mundo vivido, construido y dinamizado por sus propios actores (Guber, 2001; Quirós, 2014).
Tal como sostienen Fernández Moujan, Bonelli y Ynoub (2018), el abordaje interdisciplinar como elección metodológica se configura como una necesidad científica al momento de generar conocimiento acerca de la EP. Sobre todo, considerando que las implicancias que puedan establecer los distintos estudios relacionados con la misma pueden incidir en nutrir el diseño de políticas públicas que abran camino a nuevas regulaciones formuladas con y desde lxs trabajadorxs como principales protagonistas en los procesos sociales.
Texto y fotos: Lic. Agustina Molina – UNC/CONICET
Ciclo Feminismos, transformaciones e incomodidades
El ciclo del Ciclo Feminismos, transformaciones e incomodidades es una actividad organizada por el Museo de Antropología, la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC), el Proyecto Secyt Lógicas y Desvaríos Corporales y La Marea Noticias.
Ver nuevamente el conversatorio completo: “Mujeres, el virus y la desigualdad” : https://cutt.ly/PfhZySB
[1] Los Salarios Sociales Complementarios equivalen a la mitad del salario mínimo vital y móvil, actualmente son $8500. Sólo en el mes de junio se adicionó un bono excepcional de $3000, como medida económica de urgencia en el marco del ASPO. Cabe aclarar que quienes cobran SSC no pudieron ser destinatarixs del IFE.