Queremos hacer público nuestro desconcierto ante las expresiones negacionistas de la diputada nacional Victoria Villarruel sobre los Pueblos Originarios a quienes acusa de “usurpadores”.
Sobre esta y otras descalificaciones, la mencionada diputada en representación de su espacio político “Avanza Libertad” presentó un proyecto a la Cámara de Diputados solicitando la derogación de la Ley 26.160 sancionada en el año 2006. Dicha ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias de Argentina, y obliga al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a realizar el relevamiento técnico -jurídico- catastral de la situación dominial de las tierras indígenas de nuestro país.
La Ley 26.160 de emergencia territorial de las comunidades indígenas del país, surge en un marco jurídico que reconoce a nivel constitucional la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas al Estado. En la carta magna de Argentina, se establece que entre las atribuciones del congreso está “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.” Este último punto se incluyó en virtud de la ratificación que el Estado Argentino hizo en el año 1992 del Convenio 169 de la OIT, que implicó entre otras cosas, que el Estado se obligase a hacer la consulta y consentimiento previo, libre e informado a las comunidades en todos los proyectos que los afecten.
Las expresiones de la diputada Villarruel y del espacio político que representa, circunscribe el conflicto a lo que ocurre con el pueblo Mapuche, invalidado, extranjerizado y criminalizado una vez más en sus demandas territoriales legítimas como pueblo preexistente a las formaciones estatales. Pero sus argumentos desconocen y niegan, además, la efectiva, real y dramática situación de emergencia territorial que viven no sólo comunidades del pueblo Mapuche, sino comunidades de los pueblos Wichí, Qom, Guaraníes, Collas, por nombrar sólo algunos. Esta emergencia se da por la situación en la que se hallan estos pueblos, que ante diversos intereses externos sobre sus territorios (agropecuarios, mineros, desarrollistas, etc.) no cuentan con la seguridad jurídica sobre sus territorios. De hecho las sucesivas prórrogas de la ley 26.160 (en los años 2009, 2013, 2017 y 2021) dan cuenta de que el Estado, a través del INAI, no efectiviza los relevamientos catastrales necesarios para que se les otorguen las posesiones definitivas a las comunidades, y puedan esgrimir legalmente sus derechos territoriales.
En Argentina hay más de 40 pueblos indígenas organizados en más de 1600 comunidades. A pesar del genocidio perpetrado por el Estado en su constitución como tal, del sistemático etnocidio al que son sometidos por diversas vias, y de la situación de extrema marginación, pobreza y violencia a la que muchos son sometidos en su vida cotidiana, los pueblos han logrado reorganizarse, muchos de ellos apenas subsistiendo, y demandan sus básicos derechos a la vida.
Por ello, repudiamos el negacionismo sobre la situación de emergencia territorial de los pueblos indígenas de Argentina reproducidos por la diputada Villarruel y el espacio político “La libertad avanza”. Pero además, exigimos el cumplimiento efectivo por parte del INAI de la ley 26.160, a fin de que el Estado argentino materialice la creación de condiciones para una reparación histórica crucial para los pueblos indígenas, como es el de la seguridad jurídica sobre sus territorios.
Antropólogxs del IDACOR – Museo de Antropologías UNC